La estabilidad económica le sonríe a Juan Carlos “Charly” Duarte y a Julio Javier Ríos, potentados abogados que forman parte del círculo de confianza del vice­presidente Hugo Velázquez, quienes lograron reubicarse en este gobierno en Yacyretá.

“Charly”, asesor jurídico de la binacional, percibe una remu­neración de G. 87 millones al mes, de acuerdo a filtraciones de salarios a las que tuvimos acceso el año pasado. Julio Ríos, secretario ejecutivo de la hidroeléctrica, se embolsa al mes, entre salario y bonifica­ciones, unos G. 53.897.420, de acuerdo a la planilla de remu­neraciones de la entidad.

Julio (JJ) Ríos, quien de modesto funcionario del síndico de quie­bras del Poder Judicial con un salario de G. 7.229.000, cuyo patrimonio era de G. 128 millo­nes en el 2001, integrado por un inmueble y un vehículo del año 1987, pasó a administrar pro­piedades valuadas en más de G. 1.060 millones, acciones, vehícu­los e incluso un tractor.

Hasta el 2006, Ríos fue agente del síndico de quie­bras; posteriormente aban­donó la función pública para dedicarse al derecho. De acuerdo a su perfil de Linke­din, es socio principal en el estudio Jurídico REV & Aso­ciados, del que no hay nin­guna información ni número de teléfono en internet.

A su vuelta a la función pública en el 2013, el entonces diputado Ríos declaró ahorros en dóla­res por US$ 98.000, 500 accio­nes en la agroganadera Don Osvaldo y cuatro inmuebles en Asunción, Luque y Lambaré.

Gracias a Velázquez, se aco­modó en la binacional en el 2020 luego de su fracaso como ministro de Justicia y su patrimonio hoy asciende a G. 2.749.500.000.

En el 2018, Julio Ríos, consi­derado como parte del primer anillo del Vicepresidente, fue nombrado ministro de Justi­cia. Apenas un año más tarde presentó al presidente Mario Abdo su renuncia por teléfono luego de que Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, narco­traficante y líder del Comando Vermelho, haya sido liberado en un espectacular operativo en zona de la Costanera Norte.

Durante su administración ocurrió la masacre de miem­bros del clan Rotela en la peni­tenciaría de San Pedro y se dio el motín y la fuga de reos en la cárcel de Itapúa.

Antes de su ascenso a Yacyretá, Ríos fue abogado del empre­sario argentino Leonardo Spokojny, cuyo helicóptero se vio involucrado en un allana­miento que investigaba la libe­ración de “Samura”.

El helicóptero estaba depositado en el hangar Arrayán de Areguá, considerado por la Fiscalía como el epicentro de hechos punibles y que servía para el traslado de personas que contaban con órdenes de captura.

Es decir, (JJ) Ríos como se lo conoce pasó a ser defensor en la investigación de un caso que le costó su cabeza en el Ejecutivo.

El caso de Ríos es similar al de “Charly” Duarte, ex superin­tendente fiscal en Alto Para­ná-Canindeyú, cuestionado por sus llamativos procedi­mientos durante investigacio­nes con el entonces también fiscal, Hugo Velázquez, pasó a estar vinculado a Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano, de cuya familia “Charly” era abogado defensor. Sweid y Galeano son señalados hasta la fecha como parte de un esquema de megalavado de dinero en Ciudad del Este.

Tan próspera fue su experien­cia como abogado de impli­cados en lavado de dinero y otros que a su vuelta a la función pública y su aco­modo en la hidroeléctrica ya acumuló un patrimonio de G. 20.940.808.557, el que incluye numerosos inmue­bles, vehículos 0km, acciones por G. 990 millones y hasta una aeronave valuada en G. 1.050 millones.

A pesar de sus llamativos antecedentes, ambos se aco­modaron en Yacyretá de la mano del vicepresidente. “Charly” es recordado por disputar partidos de fútbol con Velázquez, mientras que Ríos posó junto al “Toro” como parte de sus aliados políticos para el 2023.

El ex aspirante a la Junta Municipal de Asunción Daniel Koube, hermano de Alberto “Beto” Koube, detenido en el Operativo A Ultranza Py, es funcionario estatal desde el 2018; sin embargo, no hay rastros de su manifestación de bienes en la página de la Contraloría.

El Operativo A Ultranza Py dejó al descubierto las lujosas vidas que llevan los sindicados como narcotra­ficantes y su entorno; sin embargo, algunos siguen escapando de las pesqui­sas, como Daniel Koube, funcionario del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuya declaración jurada brilla por su ausencia en el portal de la Contraloría, y quien es hermano de Alberto “Beto” Koube, considerado como miembro principal de la organización que mueve la mayor cantidad de droga de la región a Europa.

Dani Koube es director de Emprendedurismo en la citada institución y percibe G. 14.690.000, fue candi­dato en las elecciones pasa­das para integrar la Junta Municipal de Asunción. Hoy en las carpas de Velázquez, pero desaparecido de redes tras la caída de su hermano Alberto “Beto” Koube.

Llama la atención que desde el 2018, año en que Koube ingresó a la función pública, hasta la fecha no haya presentado su mani­festación de bienes, requi­sito que es obligatorio y que ante su incumplimiento puede ser motivo de sus­pensión en el cobro de sus remuneraciones, así como de un posterior sumario administrativo.